–Yo creo que en ese sentido quizás la información general que yo te dé quizás pueda ser ilustrativa.

–Ok, está bien.

–¿Y vamos a grabar cuánto tiempo?

–Bueno, lo que nos extendamos en esas tres preguntas. En realidad, no hay problema. Cualquier cosa, yo edito. Quizás podríamos empezar por ahí, porque este caso en particular está o se ajusta al patrón que usted o que ha detectado Cofavic.

–Bueno, nosotros desde Cofavic hemos monitoreado numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, varios de ellos incluso han obtenido sentencia en la Corte interamericana como es la masacre de la familia Barrios, como ha sido el caso de Néstor Uzcátegui y otros, para citar algunos de ellos y en ese sentido lo que nosotros hemos venido observando es que, en primer lugar, la mayoría de estos casos ocurren mediante operativos especiales en el marco de medidas de seguridad ciudadana. Luego, las cifras nuestras revelan que en más del 40% de los casos hay alguna incursión del Cicpc, lo cual pues limita severamente las posibilidades de que se realicen una investigación independiente porque el Cicpc, cumpliendo funciones de carácter administrativo y de carácter policial, participando en mecanismos de seguridad ciudadana lesiona de manera directa sus posibilidades de autonomía a la hora de actuar como órgano de investigación criminal porque en manos de este órgano están la planimetría, las autopsias, la balística, es decir las pruebas periciales más importantes para iniciar una investigación. Lo otro que nosotros estamos encontrando de manera recurrente es que obviamente el 98% de los jóvenes asesinados en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales son hombres de sectores urbanos, más del 80% son menores de 25 años y la mayoría de estos casos ocurren en procedimientos de allanamientos ilegales. Entonces, en ese sentido, hay elementos que son conexos y que pueden ser vinculantes para este caso para poder meterlo en un contexto de patrones de actuación.

–En Venezuela, ¿qué tan comunes son la ejecuciones extrajudiciales?

–En Venezuela hay un eje transversal en la crisis de derechos humanos que es la impunidad. Todo el catálogo de derechos humanos está afectado por una impunidad institucionalizada que, sin duda, es responsable de que tengamos una multiplicación de la violencia y, en ese marco de multiplicación la violencia, hay una multiplicación de las torturas y ejecuciones extrajudiciales porque la mayoría de las personas que cometen, funcionarios públicos o particulares tolerados por el Estado, este tipo de crímenes tienen seguro que no van a ser investigados, que no van a haber investigaciones conclusivas, que las líneas de investigación van a ser muy etéreas, muy pobres y que, por lo tanto, las posibilidades de justicia son muy remotas. En ese sentido, nosotros hemos sostenidamente hemos estado viendo un aumento de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, en el año 2014 documentamos 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En el 2015, 1396 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representó un aumento del 37% con respecto al año anterior. En el 2016, 2379 casos. Y en el 2017, esa cifra no solo se ha mantenido sino que ha aumentado y que no solo han ocurrido en el marco de mecanismos de seguridad ciudadana, lo que por las características de lo que fue el 2017 para Venezuela también ocurrieron en el marco de procedimientos de control y orden público en los casos de manifestaciones que todo el primer semestre del año pasado, más o menos después del tercer mes después de iniciarse el año surgieron una serie de protestas masivas en el país y en ese marco también tuvimos casos de uso desproporcional de la fuerza pública que culminaron con presuntas ejecuciones extrajudiciales.

–¿Qué tan frecuente es precisamente que el Cicpc esté inmerso dentro de las ejecuciones extrajudiciales?

–Para nosotros ha sido recurrente que en casi 35% de los casos hay una actuación del Cicpc, de los casos que nosotros hemos documentado.

–¿Es común que los cuerpos policiales, en este caso, que la policía judicial se alíen con civiles para perpetrar masacres o asesinatos? Porque esto es lo que yo he visto en varios casos, pero también en este en particular.

–La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el propio informe de la Comisión Interamericana Especial sobre Venezuela que fue publicado recientemente, para citar algunos de los más importante reportes de derechos humanos que organismos internacionales han producido sobre Venezuela, revelan que varios casos de violaciones a los derechos humanos han contado con la participación de civiles armados que actúan con la aquiescencia y la tolerancia del Estado. En los casos de seguridad ciudadana también se han encontrado testimonios muy creíbles de que no solo los allanamientos ilegales sino que alguna parte de la ejecución del procedimiento de allanamiento y de detención arbitraria ocurre con alguna frecuencia, con la presencia de civiles armados. En Venezuela se ha ido desregularizando la actuación de las policías, por lo tanto encontramos que la mayoría de las fuerzas policiales que actúan uniformadas en muchos casos, actúan con el rostro cubierto, en la mayoría de los casos no suministran identificación a quienes están de testigos o a los dueños de las residencias, etcétera. Por lo tanto, se abre un limbo institucional muy importante que puede dar cabida a que esto se siga pronunciando y que es parte de la desinstitucionalización policial que ha ido ocurriendo en los últimos años y que sin duda también es responsable de la impunidad de la mayoría de estos casos. En el 98 % de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, en Venezuela no superan la etapa inicial del proceso, no llegan a ser presentados ante un juez, no llegan a tener las víctimas la posibilidad de ser escuchada por un juez porque la mayoría de estos casos, durante años, el promedio es de cuatro o cinco años, permanece en la etapa inicial del proceso de investigación.

–Claro, pero me refería más bien no a los civiles armados sino no a civiles que contratan, prácticamente, los servicios de miembros del Cicpc y para matar a personas. No es que están armados si no que ellos le pagan prácticamente a estos funcionarios para que que maten a otros. O sea, les encargan muertes.

–Bueno, la documentación nuestra no lo revela como un patrón. Hay casos que los familiares de las víctima han referido esto, que podría tratarse de una venganza personales, temas que tienen que ver con asuntos de corrupciòn, etcétera. Pero obviamente son elementos que tienen que ser investigados por las autoridades para que puedan tener, digamos, fiabilidad, para que puedan tener sostenibilidad en los expedientes. Pero lo cierto es que la mayoría de estos casos ocurren en los denominados procedimientos especiales en el marco de seguridad ciudadana.

–Ok, muchísimas gracias.