Primera parte

¿Qué pudo usted ver durante las protestas del año 2017

Bueno, desde la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), hicimos un acompañamiento en los lugares donde se escenificaban protestas desde abril del año 2017 hasta practicamente agosto, inicios de agosto, del mismo año. Lara tenía antecedente de ser una de las entidades federales del país, donde mayor número de personas habían sido detenidas, donde había habido un uso muy intenso indiscriminado de la fuerza y por eso, cuando empieza este ciclo de protestas, de 2017, nosotros tratamos de estar muy cerca de las protestas, para verificar en campo, acompañar y tratar de orientar que la protesta no tuviese efectos letales y proteger a las personas y tratar de que no los reprimiesen de una manera más intensa. Lo que vimos allí, es, por un lado, la participación directa de civiles armados en la represión de las protestas, desde el mismo 11 de abril, el que un número importante de motorizados salieron del comando central, el Core 4, el comando general de la Guardia Nacional en el estado Lara y fueron filmados, supuestamente por vecinos de enfrente de ese establecimiento militar, bueno, ese mismo día, nosotros tuvimos oportunidad de recoger los testimonios de los familiares, la madre entre ellas, de un joven que fue asesinado esa noche por civiles armados, que se trató del joven Miguel Ángel Colmenarez de 36 años, quien recibió 11 disparos de perdigón en la espalda, después de ser intimidado, de ser detenido, de ser ordenado que corriese, se le disparó por la espaldo, de eso corroboraron varios vecinos que lo acompañaban y quedaron prueba importantes como filmaciones, donde se documenta vehículos y motorizados que participaron en ese hecho.

Bueno, nosotros estuvimos acompañando distinto familiares, distintos jóvenes que fueron reprimidos. Eso fue un ciclo muy reprimido, muy intensamente reprimido, se utilizaron armas de fuego, ya a finales de abril empezaron a hacer, se utilizaron armas, armas como pistolas 9 milímetros y pudimos constatar que lo que se discutió según un audio presentado por el Mayor General Clíver Alcalá Cordones, en una denuncia que formuló ante la Fiscalía General de la República, según unos audios que le envió uno de los altos oficiales que participó en una reunión, según este militar que envía los audios, seis generales que participaron en esa reunión, el 22 de abril, en una oficina del Core 4, ahí se habla de la necesidad y la pertinencia de utilizar francotiradores para contener las manifestaciones, eso está documentado, eso hay un portal “Runrunes”, donde se consigue el testimonio grabado por uno de los altos oficiales que participó en la reunión.

Bueno, el informe que hizo la cátedra de Derechos Humanos sobre las personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones, da cuenta de que el 66% de las personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones tienen disparo en la cabeza, en el cuello y en el tórax, lo cual es una evidencia muy consistente, de que el lineamiento que discuten estos altos oficiales, son los que a su vez, tienen la responsabilidad de dirigir la represión en ese entonces, bueno, ese elemento se lleva a la práctica y las víctimas de la aplicación de esa fuerza son precisamente jóvenes, personas, todos participantes en manifestaciones en el estado Lara.

Entonces, el estado Lara y Barquisimeto en particular, es una región, que desde cuando nosotros por ejemplo, analizábamos como la cátedra de DDHH, dado este alto nivel de letalidad, de por qué el estado Lara se había convertido en el año 2017 en la tercera entidad del país con mayor número de fallecimientos por uso de armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, nos íbamos un poco atrás para ver los antecedentes de hechos similares y de represiones intensas como las que vivimos en el 2017 y encontrábamos que desde el 2013, desde enero del 2013, en el que hubo 61 personas internas de Uribana fallecidas por disparos de funcionarios de la Guardia Nacional, luego en abril del 2013, en el contexto de las protestas por los resultados electorales, que también hubo personas, muchas personas, más de 75 personas detenidas y hubo 34 personas torturadas, según denuncia que ha suscrito la ONG Funpaz, es más, los jóvenes de Funpaz empiezan a organizarse después que salen de esas detenciones, de esas torturas y ha quedado un libro que se llama Perdigones en la Cédula, bueno, allí, desde ese entonces hasta pasando por el año de febrero de 2014 hasta el año 2017, en el estado Lara ha habido una represión muy intensa, ha habido muchas denuncias por parte de las organizaciones de DDHH, pero hasta ahora pues no ha habido justicia, porque digamos, todos estos casos se documentaban en la medida de lo posible, se abrían supuestos procesos por parte del Ministerio Público, todo el mes de abril fue muy intenso, incluso se destituyó al Juez Superior, el presidente del Circuito Judicial del estado Lara, creo que se destituyó un poco más allá de mediados del mes de abril, se designó otro Juez Superior, precisamente por las contradicciones que habían entre el MP y el Poder Judicial, pero efectivamente, a pesar de que se imputaban a funcionarios de la Guardia Nacional, como ocurrió en el caso de los 14 guardias nacionales que fueron identificados en su participación en el asesinato de Tony Canelón o el -creo que capitán- que participa en el homicidio de Manuel Sosa, en el elevado de Valle Hondo y bueno, no solamente que no son presentados, sino que en este caso se ascendió a teniente, el 5 de julio del año pasado. Entonces, todos estos hechos consolidan un patrón de impunidad que le da luz verde a todos estos funcionarios, de que pueden cometer, utilizar armas de fuego, que pueden segar la vida de las personas, que pueden reprimir de la manera cómo lo hacen y torturar a los detenidos y que no van a correr con ninguna de las consecuencias e igual mensaje reciben los civiles armados, los civiles armados que además salen de instalaciones militares, que trabajan, que hacen estas labores represivas en coordinación con funcionarios militares, que incluso los funcionarios militares, como ocurrió con el General José Rafael Torrealba, cuando fue entrevistado en una radio de la localidad y se le preguntó que por qué estos civiles armados salían de dentro de una institución militar, dijo que ellos estaban cooperando en labores, para remover escombros, de las manifestaciones.

Todo ello convirtió a Lara y consolidó a Lara, como un territorio de la impunidad, pero a su vez, una de las entidades de mayor letalidad en la represión y con unos saldos muy lamentables de víctimas que hasta el presente no están investigados. En Lara ha habido una cantidad muy importante de eventos para honrar la memoria de los jóvenes asesinados y para seguir denunciando las situaciones de impunidad y sin embargo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, se mantienen en una inacción, en una situación de negligencia e incluso de complicidad, porque ha habido incluso homenajes a los altos oficiales de la Guardia Nacional que han dirigido estas operaciones represivas y en estos homenajes que le ha hecho el que es el actual alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, cuando era presidente del Consejo Legislativo, en el año 2015 y luego en la Cámara Municipal del municipio Iribarren, también le hizo un homenaje a otro alto oficial, pero en esos eventos participa el Fiscal Superior del estado Lara y participa la Defensora del Pueblo del estado Lara, avalando con su presencia estas actuaciones represivas que han causado daño tan letal a la población.

No solamente no han hecho lo que les corresponde hacer, según su función, que es abrir todos los procedimientos que sean necesarios para encontrar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables, sino que se han puesto de lado de quienes han ordenado esta represión que sigue siendo una herida abierta en la historia del estado Lara, de familias en concreto y que sigue causando mucho dolor entre los familiares y en general entre los jóvenes que participaron en esas protestas, que esas protestas, como todos sabemos, nacen de razones legítimas, en un país que el derecho a la manifestación pública está consagrado en la Constitución y donde además, de parte de estos jóvenes, en ningún caso se consiguió que portaran armas de fuego, que agrediera de esta manera a los militares que les reprimieron y mucho menos a los civiles que les dispararon, no había ningún motivo, ninguna razón, para que fuesen reprimidos de la manera tan intensa como fueron reprimidos, en base a esos hechos, a esa represión, es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH elabora un informe en el que señala que realmente es un patrón sistemático de represión, ordenado por estos altos oficiales que dirigen estas operaciones, para causar daño y afectar la vida de personas como ocurrió en el estado Lara.

Hay varias organizaciones nacionales e internacionales, que están sus representantes aquí en el estado Lara ¿Han ido a estas instituciones: defensoría, fiscalía… a las mismas instituciones militares para saber, tener o tienen alguna respuesta sobre estas irregularidades?

Bueno, acompañamos las denuncias que se hicieron ante la Defensoría del Pueblo, para que ordenara procedimientos. Le solicitamos a la Defensora del Pueblo que visitara los establecimientos carcelarios, donde tenían detenidas a las personas… que emitiera declaraciones abogando por el respeto a la vida de las personas detenidas, no conseguimos respuestas y a su vez reportamos a funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que nos solicitaron información de los hechos que estaban ocurriendo. Yo creo que en el estado Lara fue el estado donde más se reportó, a funcionarios que no pudieron entrar al país, de esta oficina, del comisionado de las Naciones Unidas y que había que reportar, vía whatsapp, a ellos que estaban en un país latinoamericano, en una de las Islas del Caribe, muy pendientes de lo que ocurría día a día en Venezuela. Nosotros, a su vez, en coordinación con organizaciones nacionales como Provea, el Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello, Civile, nos mantuvimos permanentemente en comunicación, incluso hicimos eventos públicos en lo que éstas denuncias se formularon, inclusive recibimos amenazas, yo particular fui víctima de tres procedimientos, de allanamiento a mi morada, a mi vivienda, en noviembre del 2016, en abril de 2017 y en mayo del 2017. Entraron a mi casa, sustrajeron equipos de computación, televisores y otros equipos de sonido. Y a su vez, en el 2017 no sustrajeron nada, pero dejaron un instrumento de labranza y dejaron cuchillos, como un mensaje amenazante y en abril, precisamente, fue que hicimos varias ruedas de prensa, con familiares de personas que habían sido víctimas, urbanizaciones que habían sido objeto de procedimientos muy brutales, en el estado Lara hubo más de 25 urbanismos agredidos, donde la Guardia Nacional con sus tanquetas derribó portones, allanó moradas, disparó a los apartamentos bombas lacrimógenas, detuvo y sacó de sus moradas a jóvenes sin orden judicial y se los llevó detenidos. Bueno, hubo muchísimas violaciones que se documentaron en ese momento y se denunciaron. Vivimos esa alta represión y las denunciamos y afortunadamente en Lara ya se constituyó una red de organizaciones de DDHH, en gran medida, estimuladas por esta alta letalidad, esta alta represión y bueno, aquí seguimos, seguimos denunciando, seguimos acompañando y cada vez se hace más actos para honrar la memoria, porque vale la pena señalar algo, la mayor parte de estos jóvenes que fueron reprimidos, son personas, fueron personas muy valiosas en su comunidad, personas que organizaban campeonatos deportivos, personas que estaban muy activas en organizaciones comunitarias, que bueno, estaban haciendo labor social y precisamente por esa sensibilidad social y por esa digamos, esa actitud, de protección, de liderazgo, estaban en primera fila en las manifestaciones y parecía eran identificadas previamente para ejercer sobre ellos esa represión, que llevó a la muerte a varios de ellos y uno escucha los testimonios de los familiares más cercanos y va a encontrar que eran jóvenes sumamente valiosos, muy queridos, muy apreciados, no solo por sus familias, sino por los vecinos, compañeros de estudios, docentes que les dieron clases, personas con una trayectoria muy valiosa y bueno, por eso, honrar su memoria, difundir su trayectoria, exigir justicia, es parte de lo que hoy debemos hacer, sobre todo porque existe una alta disposición de los familiares a organizarse, a instancia de exigencia de justicia, para que estos hechos no se repitan y para que estos militares, estos altos oficiales que ordenaron estos hechos y el personal de tropa que ejecutó los hechos, sepan que hay una sanción, que hay unas sanciones penales, que estos hechos no prescriben y que sus actuaciones no van a quedar en la impunidad, que más temprano que tarde la memoria que hoy se sostiene va a hacer posible que se castiguen estos hechos que son verdaderamente delitos, son homicidios, son delitos de tortura que no prescriben.

Alguno de estos testimonios que pueda recordar, que le haya impactado después de estudiar esta cátedra de DDHH ¿qué vio aquí que no había visto antes o qué se parece a algo que sí había visto antes?

Bueno, el 26 de abril me correspondió, conjuntamente con pastores evangélicos, tratar de mediar en la urbanización Sucre, en horas de la noche, después de horas de represión ejercida por no menos de 200 Guardias Nacionales sobre los bloques 22, 23 y en general sobre los vecinos de la urbanización Sucre. Cuando nosotros llegamos allí, encontramos un escenario de guerra, no había luz, gritos, había parte de los jóvenes que estaban en la azotea que trataban de impedir que subieran a detenerles, nos enteramos que algunos de esos jóvenes habían pasado de una torre a otra a través de un cable que unía las dos torres, como si fuesen trapecistas de un circo y había mucho dolor, había mucha tensión, nosotros nos acercamos a los oficiales que estaban al mando de esa tropa y practicamente estuvimos a punto de ser objeto también de la represión directa, porque abogamos por el respeto a personas muy mayores, que estaban siendo muy maltratadas por el, creo que es el mayor Castillo, que estaba al frente de estas operaciones. ¿Qué vi yo allí? Bueno, que había digamos como un odio, una, tanto los oficiales como la tropa estaba como una actitud de guerra, estaban con un deseo de agredir, de maltratar, estaban con una prevención, como si estuviesen preparados para enfrentar lo que posteriormente se pudo evidenciar que todas estas operaciones estaban orientadas por un plan, llamado el Plan Zamora, que identificaba a la población civil que protestaba como el enemigo interno, entonces yo esa noche del 26 de abril, pude constatar lo que significa para oficiales y tropa de la Guardia Nacional, enfrentarse al enemigo interno. Cuando ellos van a una manifestación y ahí lo vi claro, ellos van preparados para ir a la guerra contra el enemigo interno y pueden ejercer el máximo de letalidad posible, porque ellos van como que, el enemigo los suprime a ellos o ellos suprimen al enemigo.

Entonces fue una de las noches más exigentes, desde el punto de visto como defensor de los DDHH y desde el punto de vista de mis emociones, porque hubo una grandísima tensión y ahí constatamos que no era la represión que habíamos vivido incluso en años anteriores, era todavía más intensa, todavía como más brutal, desconociendo totalmente a personas mayores de 80 años, estaban dispuestos a todo y realmente el saldo que dejaron, en afectaciones a la infraestructura, a las puertas, a las ventanas y a los jóvenes que fueron alcanzados por su represión, fue verdaderamente cuantioso y sin ningún miramiento, de verdad ahí no había DDHH, parecía que no estaban enfrentando a venezolanos o a personas, parecía que realmente estaban en guerra contra un enemigo.

Las consecuencias de este tipo de represiones de las protestas, como ocurrió en La Sucre, que no hubo víctimas fatales, pero cuáles son estas consecuencias para la salud mental de cada persona, a veces también física

Nosotros con base a la experiencia que hubo con los jóvenes reprimidos y torturados, en el año 2013, 2014, en la cual la red de apoyo psicológico, les brindó apoyo para restablecer de las afectaciones físicas y sobre todo psicológicas de jóvenes que no podían dormir, que temblaban, que no podían escuchar unos motorizados porque pensaban que se iban a repetir los hechos, que no podían ver un uniforme porque se le descomponía todo su cuerpo, entraban en zozobra. Entonces, en La Sucre hicimos un esfuerzo porque se lograra el trabajo con un grupo de vecinos, nos costó mucho porque había mucho miedo, se hizo con algunas madres, con algunas señoras mayores, porque las abuelas estuvieron muy afectadas, los niños, los jóvenes, varios de ellos se fueron, se fueron de ahí, esos jóvenes precisamente por ser quienes más protestaban, estuvieron muy perseguidos, algunos se fueron del país, no logramos que realmente participaran, iban y se escondían, se sentían realmente muy acosados por estos organismos de seguridad, y bueno se hizo un trabajo digamos, no con la continuidad y no con la profundidad que se había hecho antes con los jóvenes que luego dan pie al movimiento de Funpaz y que luego, conjuntamente con el trabajo de muchas otras organizaciones, la urbanización Sucre ha dado un ejemplo nacional de cómo una comunidad muy agredida ha logrado organizarse y más que hoy ser un grupo social lleno de odio para enfrentarse a quienes les reprimieron, han hecho un movimiento social que organiza actividades en homenaje a las víctimas, de denuncias de situaciones de afectación social que hace trabajo comunitaria y que se mantiene unido con gran dignidad. De verdad que para nosotros, ese saldo de las protestas, es el mejor saldo posible, porque además, más que quedar afectado, fracturado, digamos que cada uno queda aislado uno del otro, bueno se han logrado unir, tienen una identidad compartida y han hecho labores que son referencia nacional. Ellos están orgullosos de pertenecer a la Sucre, de hecho ellos le pusieron la denominación de Sucrania por lo que significa eso de Resistencia frente a una dominación, a un poder que les ha buscado imponer, les ha buscado reprimir y todavía, porque cada cierto tiempo pasa un funcionario policial y se quedan desafiando, a veces han disparado y se quedan con la finalidad de seguir reprimiendo, hasta las semanas pasadas, hubo este tipo de intimidación, a la cual ellos se mantienen muy pendientes, incluso ellos fueron amenazados y estamos pendientes en lo que ellos decidan, porque dijimos que había que denunciar esas situaciones de manera preventiva, para evitar que alguno de ellos corriera riesgos y fuese detenido, desaparecido, torturados, porque quienes les agredieron siguen libres e impunes y se sienten con mucho poder, porque precisamente no fueron sancionados.

¿De igual manera esto ha pasado con los padres y familiares de las víctimas fatales de las protestas? Hemos visto que se han unido y han hablado, a pesar de que también reciben este tipo de amenazas, según ellos han manifestado.

Efectivamente, los eventos religiosos, las misas, las oraciones, la participación de religiosos, ha sido muy importante para convocarle a estos familiares, además del acompañamiento de abogados, algunos psicólogos y de las organizaciones en general, que ellos han percibido nuestra disposición y nuestro interés a acompañarle. También la religiosidad es un elemento que no solamente produce un consuelo, sino que produce un fortalecimiento de la fe y da un reforzamiento espiritual, psicológico, sobre todo cuando estimula a que se encuentren las personas en situación similar y puedan compartir sus testimonios, su estado de ánimo y puedan recibir la solidaridad de otro. Entonces, creo en esto del estado Lara, es auspicioso ese proceso y creo que más temprano que tarde vamos a tener un grupo de familiares, consolidado, que van a estar allí, que van entre ellos, con el apoyo recibido, van a hacer un duelo, sobre todo, un duelo dirigido a que, además un poco de cauterizar unas heridas que les afectan, bueno, tener la energía y tener la disposición de seguir luchando por hacer la justicia. Eso es muy importante para que esa memoria no se pierda y para que efectivamente no se repitan estos hechos y uno oye sus intervenciones en los eventos, su disposición, uno los ve pasado el tiempo como cada vez se expresan de una manera más firme, más clara, uno los ve que han incorporado el dolor, no han dejado de sufrir, pero cada vez están más consistentes, más solidarios, cada vez ubican lo que les pasó a sus hijos en un contexto más general y entienden que lo que les pasó a sus hijos es parte de esta dominación y de este poder que se le impone a toda la sociedad y que causa múltiples afectaciones y que quizás, una de las más lamentable es la muerte de sus hijos.

¿Hay alguna esperanza para estos familiares y para la población en general que salió a protestar y siente que no ha habido justicia para estas personas?

Más que esperanza en este momento es un reto, es algo que acicatea el espíritu, el alma, da dolor, es algo que siempre es una exigencia, porque efectivamente uno sabe que estos responsables de estos hechos están allí, siguen haciendo daño y hay un Estado que los protege y hay todo un sistema de impunidad, hay un laberinto de la impunidad ante el tribunal, el Ministerio Público, la defensoría, la alta oficialidad de estos altos mandos militares y bueno, hay que seguir luchando y los familiares nos dan el ejemplo, porque cuando uno ve a un madre de uno de estos jóvenes fallecidos con ese espíritu, con esa dignidad, con esa disposición, es algo que también refuerza a los defensores, porque la principal fuerza para luchar por la justicia, en estos casos, proviene de los familiares y ellos nos están dando un ejemplo y a su vez nos están haciendo una exigencia, no solo a los defensores de los derechos humanos, sino a toda la sociedad organizada para que actuemos de la manera más unida posible y bueno logremos articular acciones para ir produciendo justicia. Además ellos entienden que la justicia plena se va a producir cuando haya un cambio en las condiciones sociales, políticas… cuando haya un cambio en la estructura de poder de la sociedad en la que se podría hacer verdadera justicia, más temprano que tarde.

Segunda parte

Los planes para tener el control del orden interno, como lo denominan los organismos de seguridad, sufrieron una modificación importante, en el año 2017 con el Plan Zamora.

El Plan Zamora no se conocía y no se conoce tampoco, en una versión digamos completa, fue anunciado en la medida que se ejecutaba, en abril del año 2017, inclusive se habló de varias fases del Plan Zamora y el Plan Zamora, varios de los componentes que tiene, uno de los cuales señala que la participación de organizaciones del Poder Popular en las labores de control interno. Entonces esto viene a refrendar la participación de civiles en la contención y en la represión de manifestaciones públicas, lo cual no está permitido, estos civiles tienen armamento que no son registrados, no son ningunos cuerpos que tengan ninguna legalidad, de esta manera busca dársela alguna juridicidad, alguna legalidad, algún tipo de… refrendarle, algún tipo de sustento jurídico y por tanto ese componente del Plan Zamora es sumamente riesgoso y peligroso para la seguridad de la población civil.

El otro componente es que se refrenda, lo que las doctrinas de seguridad nacional de las dictaduras de América del Sur, de los años setenta: la tesis del enemigo interno. La tesis del enemigo interno ha sido suprimida, por razones de diferente orden, pero particularmente por su contradicción total con la doctrina de los derechos humanos. Esa idea de que el enemigo no está en la frontera, el enemigo no puede ser otro estado, otra nacional, sino que está interno, el enemigo es ideológico, convive con los nacionales y que es otro nacional, una persona del país y entonces es sumamente peligroso, porque está internamente y entonces, el enemigo interno, nada más la denominación de enemigo, señala que a los enemigos se les suprime, a los enemigos se les reprime, el enemigo “puede atentar contra la seguridad del Estado”, que es el máximo desideratum que hay que proteger y que por tanto está justificado que se le trate de la manera como al final se le trató y se procedió contra las manifestaciones en el año 2017, entonces el Plan Zamora forma parte de toda una configuración represiva de una situación en la que como señala también Provea, desde mayo del año 2016, cuando se instaura el Estado de Excepción, que se suprimen un conjunto de derechos humanos, se suprimen garantías de derechos y efectivamente se instaura una situación en que el Estado de Derecho es violentado sistemáticamente, no hay Estado de Derecho y por tanto cualquier situación de violación de DDHH por parte de funcionarios del Estado va a quedar en la impunidad, porque no hay ningún órgano del Estado que garantice protección a la población.

Todo eso se complementa, son sistemas jurídicos, políticos, institucional, que no garantiza ni siquiera la vida de la población y por otro lado una política represiva que busca que no se ejerza el derecho a la manifestación pública, que no se denuncie, que no se informe, que no se reclame, que la población no pueda salir a las calles y entonces se complementan para negar derechos y para suprimir tanto derechos económicos, sociales y culturales, tanto derechos civiles y políticos.

¿Existen derechos humanos en Venezuela?

Hay un marco legal en la Constitución que en la práctica está suprimida, porque la Constitución del año 99, que tenía un marco muy amplio de derechos humanos para la población que creó grandísimas expectativas y que había que desarrollar, a través de legislaciones específicas, marcos que había que hacer cumplir, aplicaciones que había que concretar, al final lo que tenemos después de dos décadas, es una supresión total de ese marco de DDHH y una violación sistemática, porque la emergencia humanitaria compleja que vivimos es una afectación masiva de los derechos básicos de la población, los derechos a la alimentación, los derechos a la salud, los derechos a los medicamentos, bueno ¿cuál es el saldo que vemos? bueno, un aumento de la mortalidad, un aumento de la morbilidad, epidemias que habían sido históricamente superadas, la diáspora que ya está rondando más de 4.700.000 personas y vemos las consecuencias de una sociedad sin derechos, una sociedad desprotegida y que hoy vive una grave afectación masiva y que ya el mundo empieza a reconocer y que estamos los venezolanos en la necesidad de dar una respuesta cada vez mayor, más unitaria, más fuerte para proteger nuestras vidas y para impedir que la diáspora siga creciendo de un país que se está desmembrando, que es un Estado fallido, que no protege a la población sino más bien lo que hace es propiciar las condiciones para que los venezolanos se vayan del país, para que mueran, para que no puedan garantizar ni siquiera la vida.