Descripción

Héctor Rodríguez

Párroco de La Carucieña, el sector donde estuvo preso Yorvi Escalona los últimos meses. Director del Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la UCV.

Audio completo y transcripción de la entrevista realizada por Liz Gascón

Nombre del entrevistado: Héctor Rodríguez

Fecha de nacimiento: No informa

Edad al momento de la entrevista: No informa

Género: masculino

Nivel de educación: Superior (Universitaria)

CiudadBarquisimeto

MunicipioIribarren

Estado: Lara

RegiónCentroccidental

¿El entrevistado es víctima directa de algún incidente relatado?: No

Fecha o rango de fechas del incidente mencionado en la entrevista: No aplica

Temas de derechos humanos relacionados: Vida, Salud/Alimentación, identidad

Tipo de violencia (si aplica): social, política, económica, física, psicológica, privaciones o desatención

Agresor: Organismo policial, Ministerio de Servicios Penitenciarios

Consecuencias de los hechos relatados: físicas, Salud mental y conductual, Enfermedades crónicas

Transcripción

Primera parte

Te identificas

Héctor Rodríguez, investigador de Lara de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.

Héctor, ¿cuál es la naturaleza de los centros de detención preventiva?

La naturaleza, bueno, hay que partir por lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, que la, como en la cadena de custodia los centros de detención preventiva son el primer paso de esta cadena de custodia. Cuando una persona es privada de libertad o es detenida preventivamente, es llevada a estos centros de detención preventiva para hacer todo lo correspondiente a una investigación judicial o penal, sea cual sea el caso. Normalmente, lo que dice la ley es que la naturaleza de la persona que sea detenida preventivamente o que sea detenida para ser llevada al Circuito Judicial Penal de cualquier estado del país, es que debe permanecer máximo, máximo, 72 horas. Esto debe garantizarle a cada, a cada detenido, se le deben garantizar primero los derechos humanos, el acceso a una llamada telefónica, el acceso a un abogado defensor y sobre todo que se le garantice su estudio médico inmediato.

Por ejemplo, cuando una persona es detenida y va a ser, digamos, presentada ante una fiscalía o va a ser presentada ante un tribunal porque es solicitada, debe previamente ante esta presentación, debe hacerse un estudio en cualquier centro de salud, sea de primera instancia o de segunda instancia para que se lo chequeen primero corporalmente, luego físicamente y tercero, mentalmente. Luego de eso debe ser registrado, debe garantizársele también previa alimentación porque por el proceso de 72 horas, claro, la alimentación no debe ser, digamos, algo tan elaborado por decirlo de alguna manera, sino una comida sencilla. Y luego de eso debe ser presentado. A raíz de esa presentación, depende de su causa, depende de su imputación, se determinará si permanece en el sitio de reclusión donde lo llevaron preventivamente o sino será trasladado a algún centro de reclusión. Ahí es donde comienza el dilema del estatus de la naturaleza de los centros de prevención, principalmente porque cuando van a fiscalía o van al tribunal a acudir a la presentación, ahí es donde comienza lo que normalmente se llama el retardo procesal.

¿Cuál es el estado de estos centros de detención preventiva que también califican como cárceles paralelas?

El asunto, digamos la naturaleza como nosotros la estudiamos en Una Ventana a la Libertad se radica en tres aspectos: el aspecto de la infraestructura, el aspecto de la salud y la higiene y el aspecto tanto moral y de derechos humanos.

En cuanto a la infraestructura, muy pocos, muy pocos centros de detención preventiva tanto de cualquier cuerpo policial, sea Policía del estado Lara, Policía Municipal de Iribarren o, policía, Cicpc o PNB y en este caso también la Guardia Nacional, cumplen los parámetros de infraestructura. ¿Qué son los parámetros de infraestructura? Por ejemplo, que tengan baños adecuados de acuerdo a la población de presos que tengan, que tengan agua potable 100 % garantizada, que tengan áreas distintas para distintas funciones. Por ejemplo: áreas para enfermos, áreas para enfermería, áreas de recreación, áreas de concienciación, áreas de reinserción, áreas determinadas de acuerdo a la gravedad del privado de libertad y hay un área muy fundamental que le están discutiendo muchas organizaciones de derechos humanos, que es el área encargada de las personas con ciertas enfermedades venéreas o inmunodeficientes y personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, que es la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y todo eso.

Del 100 % del estudio que ha hecho UVL desde 2016, 2017 y 2018, el semestre del 2018, el 90 % no cumple estos requisitos. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en Barquisimeto, la policía, el Comando General de la Policía de Lara es la que agrupa más privados de libertad, es la más grande y es la que mayormente tiene las áreas, pero no todas, que deben tener los privados de libertad y los centros de detención preventiva. En cambio, las comisarías más grandes, por ejemplo: Juan de Villegas 1, Juan de Villegas 2, Tamaca, La Mata y creo que Torres no tienen, no cumplen esas funciones y albergan más de 80 detenidos. Entonces son todos solamente metidos en calabozos; tres, cuatro, cinco calabozos, depende del número de privados que haya y solamente tienen el calabozo y baterías de baño para que ellos puedan hacer sus necesidades, bañarse, ducharse o simplemente esparcirse, porque hasta muchos pueden agarrar las áreas de baño para dormir. Áreas, por ejemplo, como para enfermos, no. ¿Qué hacen? Mayormente en este aspecto de la infraestructura es que los privados de libertad son trasladados a oficinas, patrullas o áreas como pasillos que poco son transitados o poco son usados para ubicar a enfermos, heridos, podríamos decir que hasta algunos que tengan beneficios, beneficios que vienen producto de la corrupción, y que no son las más idóneas.

Te puedo citar el ejemplo en el CCP de Polilara de Fundalara, que está cerca, hay gente que tiene ranchos dentro de un patio. Hay privados de libertad que tienen rancho. Hay mujeres privadas de libertad que están dentro de la población masculina. Y esa dama que está ahí es una dama ya de 60 años que presenta problemas de psiquiatría, psiquiátricos. Entonces eso de infraestructura, es irregular. Desde el punto de vista higiénico, no hay ningún tipo de enfermería. La única que tiene una sala de enfermería es la Comandancia General de Polilara. En el comando del Destacamento Sur de la Guardia Nacional, no hay un área específica de salud, pero como dentro del comando existen consultorios para los guardias nacionales, jubilados y afiliados al Ipsfa, ahí de vez en cuando atienden algunas enfermedades que presentan los privados de libertad. También hay una en la Zona Industrial, Cicpc de la Zona Industrial, pero no tiene, hasta mayo del año pasado no tenía enfermero o alguna persona especialista en salud que atienda las emergencias. Tampoco hay áreas, esté, para personas que presentan enfermedades crónicas, como por ejemplo, en Andrés Eloy Blanco hay paciente, un privado de libertad que es paciente psiquiátrico y el paciente psiquiátrico aparte de que no tiene su medicina, otra cosa que se le debe garantizar al privado de libertad durante su estadía en una cárcel, no tiene familiares, entonces cuando presenta episodios de sicosis o episodios psiquiátricos qué hacen, lo sacan al solar y lo dejan que se calme hasta ahí.

Te puedo hablar de la Policía Municipal de Iribarren, que hay casos de tuberculosis, casos de escabiosis y casos de VIH, hay un caso de VIH que están con la población normal en cuatro calabozos que antes eran un depósito y que los adecuaron como calabozos.

La que incide más en este asunto de la infraestructura en salud, por decirlo de alguna manera, o higiene, es Polilara.

El caso más grave que puede haber, que es un lugar común en todas las comisarías es el agua potable. Ninguno, muy pocos tienen agua por tuberías. La mayoría se llegan por agua de cisternas, aguas envasadas o digamos en tobos, pipotes, pipas y que mayormente no es 100 % potable. Nosotros en UVL hemos registrado denuncias de, por ejemplo, casos como de la Comisaría de Prados del Norte, en Tamaca, que mayormente el agua que reciben es marrón, o sea, viene con residuos de tierra. En La Mata no tienen, cuentan con agua potable, sino es que tienen que solicitárselo a la policía y los policías le pasan tobos.

Recientemente, registramos un caso en Barrio Unión, en la Comisaría Unión, donde tenían una huelga de sangre, de hambre, disculpa, porque no tenían agua y resulta y acontece que eran los familiares que, por potes, por envases de cinco litros o envases y botellones de agua le llevaban agua a los privados y los policías no les daban. Entonces el caso más grave de salud y de higiene lo representa básicamente por la falta de agua potable. Ninguna comisaría tiene, por decirlo vulgarmente, un chorro donde todos los días tengan agua. Ninguna.

Y en el caso de los derechos humanos, bueno, básicamente, pocos derechos humanos se respetan más allá del de la vida, más allá el del respeto a sus derechos de salud y el respeto a la defensa. Porque a pesar de que ellos están privados de libertad y que hay mucho retardo procesal, la mayoría acude a sus presentaciones, a sus, o, por ejemplo, hay casos graves. Hay muchos privados de libertad que tienen orden de traslado a un centro penitenciario y todavía no son trasladados por el motivo que tú quieras pensar. Hay motivos transporte, hay motivos políticos, hay motivos económicos, hay motivos de logística de la misma comisaría, hay motivos que no se entienden, hay motivos de que, por ejemplo, pasa mucho y es casi que un lugar común de que muchos privados de libertad no tienen identificación. Cuando digo identificación: no tienen documento, no tienen cédula, nunca han tenido una partida de nacimiento, nunca han tenido una fotocopia de algo, entonces, cuando necesitan ir a tribunales para que emitan una orden, el tribunal que llevó su causa le emita una orden para que sea llevado al Saime, eso nunca procede. Siempre se quedan con el papel en la mano. Entonces eso de tener su derecho a la identificación, no lo tienen.

¿Derecho a la visita? Es restringido. Por ejemplo, pasa un caso particular que lo registramos nosotros antes del día del padre en UVL. Era que en la 30 solo dos visitas anuales se registraban con familiares de presos, entiéndase que no sean esposas ni madres, sino hijos o padres. Entonces, no es que se la niegan, sino que están restringidas, y además que están restringidas, pero es restringidas de acuerdo a las políticas internas de, de la comisaría. Porque, por ejemplo, sucede que hay lo que conocen como los “polipresos” o los privados de libertad que fueron en su momento policías, que ellos sí todos los domingos reciben visitas de familiares, visitas conyugales, visitas de hijos, y no tienen ninguna restricción. Entonces ahí el derecho humano se aplica de acuerdo a la conveniencia.

Otro problema que existe con la visita es que la visita se restringe normalmente, al máximo, a media hora. Cuando si se cumplen todos los requisitos que exigen a la visita, como, por ejemplo, que vaya vestido de una manera específica, que solo ingrese con la cédula, que no lleve correa o que no porte ningún tipo de otro elemento como celular, que pueda extenderse hasta una hora y algunas veces no se cumple.

Mayormente, la visita se hace, debería hacer dos veces a la semana, debido por la cantidad de privados de libertad que los centros preventivos tienen, lo hacen una vez a la semana o dos veces a la semana. Casi que lo hacen por sorteo. En la 30, casi que, las mujeres como todos los días tienen que llevarle comida a los privados de libertad, porque ese es otro aspecto, que no hay comida, les dicen: “miren, hoy sí hay visita”. Entonces se tienen que anotar en un lote y las visitas comienzan a las dos de la tarde hasta las cinco y si se hacen las cinco y queda un lote por fuera, ese lote no entra a visita. Entonces hay muchas irregularidades en ese aspecto, con respecto a la denuncia a los derechos humanos.

Otro aspecto de los derechos humanos que también que se infringe mucho, es en el aspecto legal. Muchos necesitan asesorías legales o, por ejemplo, acudir a sus apelaciones de sentencias y no acuden por equis motivo. Por el motivo que te dije anteriormente o simplemente porque no apelan la sentencia que tienen.

Segunda parte

Los servicios de salud, como ya te lo venía diciendo, son prácticamente nulos. Por ejemplo, hay procederes que deberían tener todos los policías, porque esa es una responsabilidad. Los policías en su código interno, que es escrito, que es legal, deben velar por la seguridad de los privados de libertad, por eso es que cuando hay una huelga de hambre, una huelga de sangre, los primeros prevenidos son ellos porque a ellos no les conviene, primero por lo jurídico y segundo por lo burocrático, no les conviene que un privado de libertad esté herido, esté lesionado, que se fugue. Entonces, ellos tratan en lo más que se pueda, rústicamente o precariamente, en brindarle salud a los privados de libertad cuando hay motines, cuando hay algo así. ¿Qué resuelven ellos? Fácil. El procedimiento que ellos tienen, hay que llevarlo primero a un centro de salud lo más cercano posible que mayormente son los ambulatorios, ahí le tienen que brindar los primeros auxilios. Y en el caso de, depende de su gravedad, de su estado de salud, son enviados a centros hospitalarios más grandes como el Antonio María Pineda, el Luis Gómez López o clínicas, depende de la gravedad. Aquí debería funcionar el Hospital Militar como una alternativa, pero el Hospital Militar está peor que los centros de salud normales.

Todas las comisarías deben tener por lo menos una ambulancia o una unidad móvil donde se pueda trasladar el privado de libertad o los privados de libertad, donde se le atienda con un paramédico los primeros auxilios. Eso no existe. Aquí es patrulla, moto, llévelo. Y sino hay, te vas a morir. Así. Suena cruel, suena gruento, pero es así. También, creo que la única que tiene una enfermera y un médico especialista o dedicado al centro de detención preventiva es la 30 y es con horario, de ocho a doce y de dos a seis. Y si el enfermero, la enfermera, tiene ocupaciones, por ahí no atiende a los privados. Y por supuesto, tiene primero la atención a los policías y después a los privados de libertad.

Otra. Por ejemplo, que existan botiquines de atención de medicinas para enfermedades normales, como la gripe, eso no existe.

¿Despistaje para tuberculosis?

No, esa sí ya se tiene que hacer en un laboratorio y ellos no tienen que hacerlo porque no les corresponde como ley. ¿Que sí pueden hacer? Permitir el acceso a fundaciones, operativos, ayudas muy regularizadas por el tema de seguridad o que lo haga en este caso la Dirección de Salud, pero debido a la crisis se hace una vez cada tres meses y se hace despistaje, rápido. No se hace un tratamiento profundo, no hay una entrega de medicinas. No hay. Por ejemplo, el aislamiento de un paciente crónico en una área específica para que sea atendido. Lo que hay es una observación, “mira este paciente está crónico”, “este paciente está grave”, “bueno hay que ponerlo en la “oficinita””. Por ejemplo, en la 30 hay áreas: una que se llama “la mesonera”, que es un mesón, un área de comida donde hay un mesón muy grande y el reo que esté herido o los reos que estén heridos o estén enfermos, los tiran en ese mesón. O hay otro que se llama “la nevera”, que es un espacio por decirte tres por tres, donde no llega ni luz, donde hay un techo que que más o menos se está, pequeño, que se está cayendo, o sea, bajo, digámoslo así, que no tiene las mejores condiciones, no tiene luz, no tiene ventanas, donde ponen a los tuberculosos o a los enfermos.

De hecho, ahí está un privado de libertad que está bajo observación de UVL que se llama, le dicen “Caraquita”, viene de estar privado de libertad en la comisaría Los Cerrajones, lo trasladaron creo que en abril o en marzo. Lo trasladaron para la 30, pesaba 56 kilos para esa época y yo tuve un reporte el viernes de que está pesando 38 kilos. Entonces para su estatura, que es de 1.72, debería estar pesando por lo menos 80 kilos. Tiene 30 kilos menos de su peso ideal. Y él está en la nevera y gente de la misma comisaría, los mismos privados de libertad de vez en cuando lo alimentan o encargados de la Pastoral Penitenciaria también le llevan comida, pero no es todos los santos días.

Y, bueno, hay una comida en la 30 que le dicen “la Wendy’s” que es como la cadena de hamburguesas, que es muy pequeña, que supuestamente la da la comisaría a través de fundaciones de la misma Gobernación, pero no es tampoco permanente. Es esporádica.

Tampoco, otro tema de salud es que no hay mantenimiento de las áreas de detención preventiva. De ninguna. Si los presos no lavan, si los presos no barren, si los presos no se bañan es, ellos quedan a merced de lo que pasan. Entonces la higiene y la salud por ahí, cero.

Y otro tema que también es muy grave es que cuando hay un privado de libertad es herido por una riña o es herido por equis motivo, o es lesionado, o es víctima de algo, digamos que es llevado a un centro de detención, lo reciben, lo atienden, lo curan y cuando necesita un reposo o amerita un reposo por una herida, pasa mucho que son heridas punzo penetrantes que ameritan sutura o que les hacen sutura y que posteriormente deben desinfectarse, qué se yo, eso no se cumple. Llevan al privado de libertad, lo vuelven a meter en el calabozo y si necesita es, bueno, que Dios sea el que lo cuide.

¿Y los presos con tuberculosis entonces suelen compartir los mismos espacios que con el resto de la población penal?

Sí. Y no solo eso. Su situación se agrava sobre todo porque, por este mismo asunto de la higiene y la salud. Ellos si se bañan lo hacen una vez cada tres días. Ellos, por ejemplo, necesitan tener circulación de aire y ellos están hacinados.

El asunto del hacinamiento en Barquisi… en Lara, digamos, no es tan grave como digamos a finales de 2016, ya esto es por un asunto político que después te puedo explicar. Pero digamos ahorita las muertes por tuberculosis, los enfermos por tuberculosis han bajado bastante porque ha mermado el hacinamiento. Ojo, hay un porcentaje muy bajo, pero todavía existe el hacinamiento. Hay comisarías, Polilara desahogó mucho con la nueva administración del gobierno de Carmen Meléndez, pero, por ejemplo, Cicpc está abarrotada, GNB está abarrotada, Polimunicipal de Iribarren está abarrotada y existe el grave problema que ahora está la PNB que ahora es la que procede a detener más personas ahorita. Y ya están presentado casos graves, graves, como en Los Crepúsculos y en Pate’ Palo, donde no pasan de 80 privados de libertad la capacidad máxima de esos comandos y ya hay 200 en cada uno. Entonces ya estamos hablando de un 120, un 220 % de hacinamiento.

Y así como, quizás la tuberculosis son los casos más mortales porque son las enfermedades son más graves, pero hay enfermedades, por ejemplo, manchas en la piel que son hongos normales, comunes, que puedan tener de la misma humedad, la misma suciedad. Hay mucha escabiosis, hay mucha irritación. Hay un caso particular, hay casos particulares de, de, de privados de libertad que tienen en los glúteos, entre el glúteo y el ano, tienen irritaciones porque no se limpian bien, no tienen como limpiarse. Entonces son, en las partes de los testículos, en lo que llaman las axilas, los codos tienen mucha picazón. Se raspan, se rompen, tienen heridas, se causan raspones, precisamente porque no tienen como asearse, terminan causándose heridas pues.

Cuando presentan algún cuadro, algún malestar, entonces no son trasladados a un centro médico, sino que les prestan los primeros auxilios en su sitio de reclusión.

En teoría son así. En teoría debería ser así.

¿De estos reclusos por tuberculosis cuántos han muerto en 2018, confirmados?

En 2018, confirmados, 11, tanto en centros de detención preventiva como en centros de reclusión penitenciaria como por ejemplo Uribana y Fénix.

¿Alguno de ellos llegó a recibir medida humanitaria una vez que tuvo el diagnóstico?

Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque primero no hay un estudio que diga como tal, por ejemplo, en mayo de 2018 yo le pregunté al director de la Policía del estado Lara, Calatrava, le pregunté sobre, si dentro de su gestión y en las 19 comisarías que tiene en su poder o en su administración presenta casos de desnutrición, de los cuales yo tengo confirmados 12 graves, 30 bajo observación -en todas las comisarías del estado Lara- y él me dijo que no había ningún caso. Entonces, si él niega, una, que no hay desnutrición, cuando tú le preguntas por casos de tuberculosis también los niega. Entonces oficialmente no hay ningún caso de desnutrición, supuestamente, según las autoridades. Pero consultas con ONG como UVL, consultas a familiares y evidentemente, por lo menos de esos 30 casos que yo te estoy nombrando, 30 pueden sufrir de tuberculosis debido a su condición de desnutrición. Porque de esos 30, 12, entre ellos una mujer, que es la de Fundalara que te cité hace ratico, están graves, graves de desnutrición. No tienen ni el peso ideal, comen una vez a dos veces a la semana o, por ejemplo, no tienen ni fuerzas ni pa’ mantenerse de pie, como el caso de “Caraquita” que está en la 30.

En el caso de Yorvi Escalona que sus familiares denuncian que llegaron a estar en la celda donde permaneció aislado para cuidarlo porque no le concedían la medida humanitaria ni una hospitalización, ¿es la primera vez que esto se registra, que unos familiares tengan que pernoctar en la celda con un detenido enfermo?

Lo de Yorvi es un caso increíblemente especial porque Yorvi, eh, no quiero hacerme enemigo de la familia, pero Yorvi también sufrió mucho tiempo antes de ser llevado a la 30, ya cuando estaba muy grave de salud. Y en, en su estadía en La Carucieña, no ves que Yorvi paseó por tres comisarías antes de estar en Los Cerrajones, antes de estar en La Carucieña y luego de estar en la 30. Él no tenía visita de los familiares, que son los que alimentan a los privados de libertad en cualquier rincón de Lara y, además de eso, él tiene unos hermanos que también están privados de libertad. Una hermana y un hermano específicamente. Entonces su alimentación se hizo crítica. Su condición se volvió grave ya los últimos tres meses antes de que él falleciera y ahí fue cuando los familiares se abocaron a cuidarlo.

Ahora, ¿qué pasó ahí?, ¿o qué pasa en este caso en especial de Yorvi? La familia es realmente pobre. Que ellos pudieran porque, hay que tomar en cuenta, que los privados de libertad y fue, es parte del informe que se agudizó, que se realizó realmente este semestre de 2018, es que como la alimentación es muy precaria debido a la crisis del país, el estudio que hizo UVL se amplió desde el punto de vista también familiar, ¿por qué? Porque los familiares, por ejemplo en este caso de Yorvi, debían pagar pasajes, pero, cómo pagaban pasajes sino hay dinero en efectivo, cómo tenían dinero en efectivo si son pobres, cómo daban alimentación sino tienen ni para pagar el pasaje, entonces esa situación de crisis llegó hasta el punto de que no podían atenderlo ni alimentarlo. ¿Y qué pasa? Como consecuencia de ese problema y además de que el Estado nunca veló por la buena salud del privado de libertad, porque Yorvi presentó gravedad en febrero por su estado de salud, por su peso y nunca fue trasladado a un, digamos a un ambulatorio. Solo lo llevaban cuando lo veían digamos grave, convulsionando, porque él convulsionó una vez antes de fallecer y fue llevado al hospital. Le dieron suero, estuvo hospitalizado dos días y después de esos dos días que salió muy grave, lo volvieron a llevar a la comisaría y a volver a su rutina diaria. O sea, la medida como, eh, creo que, si mal no recuerdo, miembros de la Pastoral Penitenciaria intentaron pedir la medida humanitaria de él, pero nunca llegó. Se la dieron fue el sábado, un día antes de fallecer y porque ya estaba, no sé si tu viste la foto, estaba… se le veían las costillas, se le veían las clavículas. Este, no tenía fuerza en las rodillas ni en las piernas, entonces no podía estar de pie. Y él también, increíblemente, le pasó factura digamos la política en el país porque él estando en Los Cerrajones, la Gobernación manda a cerrar la comisaría Los Cerrajones para poner un módulo del Psuv, una casa del Psuv, algo político y lo mandan a La Carucieña donde hay hacinamiento, donde hay fallas de infraestructura, están, digamos que ese es un centro de detención preventiva que tiene el estado Lara. Y lo mandan a esa zona, a esa área donde ya la familia digamos lo tenía un poco más cerca, lo pudo atender, pero digamos que ya era demasiado tarde. Su condición era muy grave, se enfermó, la tuberculosis ya se apoderó de sus pulmones y bueno pasó lo que lamentablemente. Cuando ya recibió la medida humanitaria, que fue quizás 40 horas antes de morir, ya no había nada que hacer pues. Ya su condición era muy delicada de salud. Fue llevado al Hospital Central donde lo hospitalizaron y, lamentablemente, el día de las elecciones presidenciales falleció.

¿Las muertes por tuberculosis son responsabilidad del Estado, de estos detenidos?

En, en, o sea, ahí hay un dilema porque en teoría, o sea en teoría legal, no porque deberían existir métodos preventivos, deberían existir métodos de salud, deberían existir adecuaciones sanitarias y de salud dentro de los centros de detención preventiva como lo dice la ley, como lo dice la Ley Orgánica de Centros Penitenciarios y cárceles en el país, como lo exige la, la, el Código Orgánico Procesal Penal en su cadena de custodia, pero realmente eso nada se cumple.

Si eso se cumpliera preventivamente el Estado no debería estar pendiente de las muertes sino de su salud, sino de su, que si por ejemplo no lo pongamos en un caso grave, pero si hay un privado de libertad que está afectado, que tiene una fractura en una pierna y está enyesado, que lo lleven para cuando le quiten el yeso, que lo lleven para las terapias de su, terapias fisioterapias para el buen funcionamiento de ese miembro corporal, pero eso no existe.

O sea, preventivamente todo lo que dice la ley no se cumple. No existe. No se lleva a cabo, sino que se lleva a cabo lo que se conoce como medicina reaccionaria: pasa algo, te atiendo; si no tienes nada, no te atiendo. Y eso es lo que, digamos, este, falla en el Estado. El Estado falla en cuidar al privado de libertad, en darle las condiciones, en darle las condiciones mínimas para su estadía en un centro penitenciario o en una cárcel de comisaría, falla en las atenciones médicas, falla en las enfermerías, falla en la seguridad, falla en la infraestructura, falla en la higiene, falla en la salud y ese compendio de fallas llevan a que mueran y no haya ningún tipo de responsabilidad.

Y así, pues, sucedió recientemente con los fallecimientos que hubo en la cárcel, en la comunidad penitenciaria Fénix donde hubo un revuelo. Hubo 11 muertos y siete o seis de los privados de libertad que murieron, asesinados, porque no tiene otro nombre, asesinados por cuerpos o por las balas de los custodios o balas de los guardias nacionales, tuvieron que ser enterrados en fosas comunes porque no tenían cómo ser enterrados por los familiares, no tenían cómo pagar. Tuvo que salir la Fundación Cáritas y a pagar algunos de los servicios funerarios de los privados de libertad para que los enterraran. Entonces, eso es un reclamo del Estado por las condiciones previas que no da. Y es corresponsabilidad del Estado que eso exista para que no suceda lo que sucede.

¿Por qué las autoridades niegan que hay desnutrición y que hay tuberculosis en los centros de detención preventiva?

Esa respuesta es muy difícil de dártela. Porque si ellos no responden, yo no puedo poner palabras de ellos. Pero sí te puedo decir que no las niegan porque, por lo que te vengo mencionando hace segundos, porque no dan condiciones para nada. Pasa, este, por ejemplo, en otra materia que vincula mucho lo que es relacionado con las muertes que es el, el asunto de la salud. ¿Desde cuándo no dan un boletín epidemiológico las autoridades?, ¿por qué? Porque no quieren que se, por ejemplo, enfermedades que han sido erradicadas del mundo, porque no hay de otra, yo no creo que ni en África haya tuberculosis o, por ejemplo, que existan epidemias de, de, por el Aedes aegypti, que existan epidemias como dengue todavía, que existan epidemias como Zika, como el H1N1 que no hace mucho se registraron casos acá en Barquisimeto.

Entonces, es debido también a esta crisis de salud, a la crisis económica, a la crisis política y social que vive el país no les conviene dar esas, esas, esas cifras. No les conviene demostrar que todas las acciones preventivas que, lo dice la ley o que también lo dice la Constitución, no se están cumpliendo y traen como consecuencia este tipo de cifras lamentables y fatales.

Por ejemplo, que, imagínate te voy a poner para que veas lo que ha llegado la política en el estado. Cuando gobernaba el opositor Henri Falcón en Lara, no le aceptaban los privados de libertad de Polilara en Fénix, en Uribana, o en el Cepella o en La Cuarta en San Felipe, por el motivo que tú quieras poner y la mayoría eran políticos.

Yo recuerdo que, porque yo los vi, que Edilberto León, el secretario de Seguridad Ciudadana para esa época, me mostró un fajo de documentos enviados al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, de Servicios Penitenciarios, solicitando el traslado o la apertura de las cárceles, de los centros penitenciarios Uribana y Fénix para poder con, que recibieran a los privados de libertad que fueron, que recibieron cartas para traslados y no los recibían políticamente hablando. Salía la ministra diciendo que si esos presos son de Henri Falcón que él vea que hace con esos presos. Y Henri Falcón decía: “bueno, es que queríamos mandar a la comisaría, a los centros penitenciarios, y no los aceptan. ¿Qué pasó? Pierde Henri Falcón las elecciones, llega Carmen Meléndez y a los dos meses, desahogan todas las comisarías. De 800 privados de libertad o de 1.800 privados de libertad que tenían las 19 comisarías de la Policía del estado Lara quedaron en 800. O sea, desahogaron 1.000 privados de libertad en menos de dos meses, con la nueva gestión de la gobernadora que es parte del Gobierno central. ¿Entonces, eso es justo? Yo no es que estoy defendiendo a uno ni estoy defendiendo al otro, pero políticamente hasta los privados de libertad están siendo víctimas de las diatribas. Entonces, ahorita en Polilara, en la Comandancia General que antes habían 600 presos, hay doscie…. Hasta finales de junio de 2018 habían 270, 40 privados de libertad más de lo que permite la capacidad en la 30, pero considerándolo a diciembre del dos mil… a octubre de 2016, hay 600 % menos. Entonces evidentemente la política hizo mella en, en este asunto de los centros de detención preventiva hasta el punto de que tú generas, de acuerdo al poder político y a la diatriba, generas hacinamientos, generas conflictos o generas intereses, de acuerdo a quien esta contigo y quien no está contigo. Y eso, en derechos humanos, en la ley y en lo que tu quieras ponerle, eso no existe.

Entrevistador: Liz Gascón

Fecha de la entrevista: 26/08/2018

Lugar de la entrevista: Vivienda

Cantidad de audios: 2

Duración de la(s) grabación(es): 14:29; 22:36

Material relacionado: Condenado a morir de tuberculosis

El Estado falla en cuidar al privado de libertad (…) falla en las atenciones médicas, falla en las enfermerías, falla en la seguridad, falla en la infraestructura, falla en la higiene, falla en la salud y ese compendio de fallas llevan a que mueran y no haya ningún tipo de responsabilidad.

Héctor Rodríguez

Periodista

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Información adicional

Agresor

Organismo policial, Otro

Consecuencias de los hechos

Enfermedades crónicas, Físicas, Salud mental y conductual

Duración

30 min – 1 hora

Naturaleza de la violencia

Física, Privaciones o desatención, Psicológica

Tipo de violencia según agente

Económica, Política, Social

Género

Masculino

Nivel de educación

Superior

Tipo de entrevistado

Especialista

Fecha de la entrevista

20180826

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